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Fuente: Periódico digital EL CONFIDENCIAL.
Ni el crecimiento desordenado y fulgurante de este sector ni la multiplicación exponencial de personas afectadas han llevado al Gobierno a establecer algún tipo de control que permita acotar sus riesgos.
Recientemente, algunas series de televisión han desempolvado del olvido algunas de las epidemias sanitarias más graves que ha sufrido nuestro país en su historia reciente. La heroína o la cocaína dejaron un reguero de afectados: trayectorias personales cortadas en seco, familias destrozadas y una generación entera que fue bajada del tren de su época, desplazada con la llegada a nuestra sociedad de sustancias altamente peligrosas.
Menos conocida, sin embargo, fue otra epidemia que se desarrolló también en la década de los años ochenta y que dio lugar a la mayoría de asociaciones y federaciones que hoy se preocupan por los efectos del juego: la ludopatía.
Esta adicción conlleva la incapacidad de la persona para controlar su juego, afectando cada vez más a esferas esenciales de su vida y poniendo en riesgo su salud, economía, familia, trabajo y amistades.
Según muchas de las personas expertas en el tema, la entrada del juego ‘online’ en escena, así como la proliferación descontrolada y el crecimiento exponencial de las casas de apuestas deportivas en un contexto de precariedad y desigualdad crecientes, podría estar sentando las bases para una segunda ola de esta misma epidemia en España.
Sin embargo, la reacción de los poderes públicos no solo no ha buscado poner coto a esta realidad sino que es inexplicable sin atender a todos los pasos que desde las distintas administraciones se han ido dando para allanar el terreno a los operadores de juego.
Si el anuario del juego en España de 2017 ya constataba que la mayoría de empresas dedicadas a esta actividad tienen su sede en paraísos fiscales, con la llegada de Montoro al Ministerio de Hacienda se multiplicaron las medidas que favorecían la explosión que hoy vive este sector: Los jugadores pudieron empezar a desgravarse las pérdidas que hubieran tenido durante el año, se establecieron barreras a las empresas extranjeras y rse ebajó cinco puntos la tributación del juego por internet en los Presupuestos, pasando de un 25 a un 20% en todo el territorio nacional, excepto en Ceuta y Melilla, donde previamente se había modificado la legislación estatal del juego para convertir a estas ciudades en paraísos fiscales para las empresas del juego, con una tributación de un 10% sobre los beneficios netos.
En este punto, no está de más recordar que en 2006 el exministro Montoro fundó con su hermano la consultoría Montoro y Asociados (más tarde cambió de nombre a Equipo Económico), siendo el operador de juego Codere uno de sus principales clientes y siendo el también exministro Rafael Catalá por aquel entonces nada menos que secretario general de Codere y miembro del consejo de administración de esta multinacional española.
En lo que respecta específicamente a la Comunidad de Madrid, el número de casas de apuestas deportivas entre los años 2014 y 2017 ha aumentado un 250%, según datos oficiales del Gobierno regional. De forma simultánea, el número de personas que se inscribieron en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego (un registro donde las personas pueden solicitar que se les prohíba entrar a estas salas por problemas de adicción), en 2013 contaba con 4.227 nombres. A día de hoy alcanza los 17.735: multiplicándose por más de cuatro y experimentando un incontestable crecimiento del 320%, lo que debería haber hecho saltar todas las luces de alarma (especialmente si se considera que en estas cifras ni siquiera están contempladas todas aquellas personas que, teniendo problemas patológicos con el juego, no se decidieron a dar el paso de inscribirse en el mencionado registro).
Sin embargo, en nuestra región ni el crecimiento desordenado y fulgurante de este sector ni la multiplicación exponencial de personas afectadas han llevado al Gobierno regional a establecer algún tipo de control, iniciativas o regulación que permita acotar sus riesgos.
Más bien al contrario, la legislación autonómica ni siquiera prohíbe la proyección de publicidad en la televisión y la radio públicas en horario infantil (salvo que haya programas específicamente infantiles en ese momento, pero no así cuando en horario infantil se emite, por ejemplo, un partido de fútbol). La atención a los problemas derivados del juego patológico para las personas afectadas y sus familias no está incluida en la Cartera de Servicios de los Centros de la Red de Atención a Drogodependencias, y las campañas de prevención son prácticamente inexistentes.
Tampoco la legislación actual establece limitaciones a la acumulación física de locales de apuestas, como sí lo hacen la mayoría de las comunidades autónomas, ni criterios que impidan situarlas frente a colegios, institutos e incluso centros de atención a ludopatías, como sucede en Leganés.
Con respecto a la concentración geográfica de las casas de apuestas deportivas, anoten estas palabras: “¿Quién protesta por que en la calle Serrano de Madrid haya una tienda de ropa detrás de otra, o por que haya calles donde ocurre lo mismo con los restaurantes? Si el juego es una actividad normal, ¿por qué no va a ocurrir algo parecido con sus locales? Sean ustedes consecuentes con la libertad de mercado”. Quien dice esto no es un representante de la patronal del juego, sino el director del Área de Ordenación y Control del Juego en la Comunidad de Madrid: Fernando Prats.
Prats pronunció estas palabras en la ponencia que realizó en el III Femara Open Fórum sin caer en la cuenta de que si existen organismos como el que él dirige —los cuales no existen para controlar y ordenar las tiendas de ropa—, es precisamente porque esta actividad no es equiparable en absoluto a otras, tal y como atestiguan las cifras que se han dado anteriormente. Porque es evidente que el juego es una actividad delicada que, de no regularse adecuadamente, puede acarrear consecuencias personales y sociales gravísimas.
No es de extrañar, por tanto, que quien en nombre de la libertad de mercado y desde instancias públicas apuesta por la no intervención de los poderes públicos en esta actividad no se tome muy en serio su control, lo cual es grave cuando es, precisamente, el máximo responsable del mismo. El conjunto de recursos de los que dispone la Dirección General del Juego en la Comunidad de Madrid para fiscalizar e inspeccionar estos crecimientos espectaculares a día de hoy son: ocho inspectores, dos subinspectores y cinco agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Cooperación con la Comunidad de Madrid.
Atendiendo a este fenómeno y con la convicción de que estamos a tiempo de ponerle freno, desde el Grupo Parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid lanzamos el pasado mes de abril la campaña #MadridSeLaJuega junto a varios ayuntamientos del cambio y presentamos en la cámara regional una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar una ley integral del juego, para la que apuntábamos diversas iniciativas que podían ser de interés. La proposición se aprobó con los votos de todos los partidos del arco parlamentario a excepción del PP y desde entonces el Gobierno del Partido Popular no ha movido un dedo.
Mientras que en países de nuestro entorno, como Italia, se ha prohibido recientemente la publicidad de apuestas deportivas, el Gobierno de Garrido decide mirar hacia otro lado desentendiéndose de un problema que inevitablemente se agrava.
Raro amor siente por la Comunidad de Madrid quien permite que se ponga en riesgo, especialmente en los pueblos y distritos más desfavorecidos, el futuro de muchísimas personas mientras se legisla para que otros sí puedan obtener ingresos rápidos y seguros con todo el apoyo de la Administración pública.
Desde Podemos, vamos a seguir trabajando para ordenar y controlar un sector en el que deben armonizarse necesariamente los intereses de todos los implicados: los operadores de juego, las administraciones públicas, los jugadores y el resto de la sociedad.
*Emilio Delgado Orgaz, diputado del Grupo Parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid.
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