Satisfechos por la decisión del Decreto Ley aunque necesitamos urgentemente subvenciones directas para la adicción al juego de azar y a las TIC

fecyljar juego

AJUPAREVA, que pertenece a la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados, FECYLJAR, ha recibido con satisfacción el anuncio de la paralización durante dos años de las tramitaciones de nuevas licencias de aperturas de salas de juego y apuestas en la comunidad de Castilla y León a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley de suspensión de lo dispuesto en varios artículos de la Ley que regula el juego y las apuestas de Castilla y León.

Según el presidente de FECYLJAR, Ángel Aranzana, es una propuesta que llevamos mucho tiempo reclamándola “debido al aumento incontrolable de este tipo de establecimientos que en los últimos años se ha producido en las calles de las ciudades de nuestra comunidad”.

Es por ello que, además, desde FECYLJAR esperan mayores implicaciones para este colectivo, en especial para los jóvenes, por parte de la administración regional que engloben acciones que contemplen la protección de los derechos, su seguridad así como su salud.

En otro sentido, FECYLJAR en la reunión que mantuvo con la consejería de la Presidencia, Familia e Igualdad de Oportunidades, Educación y Sanidad y la Delegación del Gobierno de Castilla y León, insistió en la necesidad de buscar una adecuada financiación para disponer de subvenciones directas que estén relacionadas con la adicción al juego y TIC.

Mesa intersectorial
Esta mesa está integrada los sindicatos con representación en el sector del juego en la Comunidad, la Federación de Jugadores Rehabilitados de Castilla y León y las asociaciones empresariales de los diferentes subsectores de juego, no descartándose su ampliación a otros posibles integrantes, relacionados con los juegos de azar.

El objetivo con el que nace esta mesa es el de erigirse como foro de encuentro y opinión entre los diferentes protagonistas de la actividad de juego legalizado privado, con el fin de hacer un seguimiento de la misma, recoger las diferentes sensibilidades que esta conlleva y poder trasladar, en la medida de lo posible posiciones unificadas a la Administración y diferentes partidos de cara a la adopción de iniciativas regulatorias, todo ello en un contexto social de especial incidencia.

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